Una democracia funcional requiere de un sistema de partidos estable, que no esté excesivamente cubierto de privilegios ostentosos y caros para la economía de un país, ni tampoco que se fragmente por carecer de medios suficientes para realizar sus actividades como institución política; pero que además, se caracterice por una dinámica unificadora en oposición a una dinámica de polarización. 

Asimismo, requiere partidos políticos institucionalizados que sean capaces de alimentar continuamente el proceso político y de ser algo más que unas máquinas de campaña, que solo se manifiestan cuando se lleva a cabo un proceso electoral. 

Si bien es cierto, el recibir recursos económicos vía las prerrogativas, es un elemento imprescindible para la competencia democrática, es innegable, que el dinero es capaz de introducir distorsiones importantes en el proceso democrático, como convertirse en un botín que termina en las manos de los líderes de los Partidos y los grupos que los controlan, perdiendo su esencia y sentido social, casos hay muchos, como los del PVEM y NUEVA ALIANZA cuyo control lo han tenido familias que han hecho usos de los recursos por generaciones.

Lo anterior, en razón de que la disparidad económica, incide, en primer lugar, en las posibilidades reales de los partidos y sus candidatos para transmitir su mensaje a los votantes de manera eficaz, asimismo, su posesión confiere a individuos y grupos sociales la posibilidad diferenciada de participar en las elecciones y ejercer su influencia sobre los candidatos y los partidos a través de sus aportaciones, vía el financiamiento privado. 

Situación que resulta de importancia crucial para la democracia, porque cuando el poder político es simplemente un espejo del poder económico, el principio de salvaguarda de los derechos políticos electorales, pierde significado, y la democracia deja de ser un sistema de poder alternativo, capaz de compensar el poder económico.

Aunado a que, una distribución de recursos extremadamente desigual puede crear la apariencia de inequidad en la participación política, que afectaría la legitimidad del resultado electoral.

Por otra parte, y en congruencia con la austeridad republicana impuesta por esta nueva administración federal, la importancia de optimizar los recursos económicos que se gastan en los diferentes ámbitos del funcionamiento del constructo social, resulta trascendental, y seguir manteniendo el status de la democracia más cara del mundo, resulta un lujo que los ciudadanos, ya no podemos seguir permitiendo.

Toda vez que, la democracia en México es considerada 18 veces más cara que el promedio de los países de Latinoamérica, por lo que, la propuesta de reducir el monto del financiamiento público a los partidos políticos en un 50% en los años en que no se lleven a cabo procesos electorales, es hasta hoy día, la propuesta más importante y que mayores beneficios pudiera traer para toda la sociedad mexicana.

Propuesta presentada por el grupo parlamentario de MORENA, que plantea modificar el artículo 41 constitucional, base II, con el fin de cambiar la fórmula que se utiliza para asignar financiamiento público a los partidos políticos, reduciendo de 65 a 32.5 por ciento el multiplicador de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que determina la cantidad de las ministraciones económicas a distribuir entre los partidos políticos.

Con la reforma, el artículo quedaría del siguiente modo:

"El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior".

Sin duda el mayor acierto hasta ahora, de quienes prometieron cambiar las cosas en México, esperemos que la propuesta no se quede en la congeladora y que como la propuesta de la guardia nacional, sea aprobada con rapidez y sobre todo que los recursos económicos ahorrados se empleen en beneficio de la sociedad.

Pese a lo anterior, considero que una medida como la anunciada, también debe incluir la reducción del presupuesto asignado al INE y a los OPLES de los Estados y finalmente la reducción del número de diputados al Congreso de la Unión de 500 a 300 así como de los senadores plurinominales, para que sea una reforma legislativa integra.