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Una de las mayores preocupaciones del Presidente, desde el inicio de su mandato, ha sido lograr el control de los otros dos poderes y de la Fiscalía General de la República, además de la desaparición de los organismos autónomos que considera incomodos, a los que ha buscado asfixiar y poner en riesgo su subsistencia a través de los recortes presupuestales y restringiendo sus facultades legales, acusándolos de provenir del período neoliberal.

En los primeros tres años de su gobierno, el control del Congreso de la Unión, en concreto de contar con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pudo lograrla con los votos de Morena y de sus partidos aliados como con el PT y el PVEM; en el caso del Senado de la República las cosas no han sido fáciles; sin embargo ha logrado sacar gracias al trabajo de cabildeo y capacidad de negociación de Ricardo Monreal, diversas reformas a leyes secundarias y constitucionales, a excepción de la reforma energética y la reforma electoral que han sido los dos grandes fracasos del Presidente de las que no pudo lograr su aprobación.

Respecto al Poder Judicial, en lo que se refiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien es cierto logró colocar como Ministros: en 2018 a Juan Luis González Alcántara; en 2019 a las Ministras Margarita Ríos Fárjat y Yasmín Esquivel y a Loretta Ortíz en 2021, el 2 de septiembre de 2022, posterior a la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno declaró a los medios que se equivocó porque hizo propuestas pero ya una vez en el cargo, estos cambiaron de parecer y “ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia”.

Dicha declaración que me parece desafortunada viniendo del Presidente, toda vez que no considera que el papel de los impartidores de justicia del máximo tribunal del país, debe apegarse a lo establecido en el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “….Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”, en ningún momento se mencionan aspectos de carácter político o que deban sumisión u obediencia a quién los propuso para el cargo, que fue el Presidente de República ante el Senado que finalmente los nombró, por lo que, en ningún momento se les puede considerar como empleados del ejecutivo aún y cuando él los haya propuesto. Su labor debe estar alejada de conflictos de interés y apegarse a las facultades que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si a lo anterior agregamos el hecho de que AMLO, no pudo colocar como Presidente de la Corte a la cuestionada Ministra Yasmín Esquivel como era su intención, al fracasar su intentona de prorrogar el período del anterior Presidente Arturo Zaldivar, ello ha propiciado que continuamente en sus conferencias mañaneras ataque en forma sistemática a la Corte, a los Ministros y Jueces federales, acusándolos de corruptos, de que están al servicio de la oligarquía y de proteger delincuentes. Argumentando que su actuación va en contra de su proyecto y declarando: “No me vengan con eso, de que la ley es la ley”

Ante dicho panorama y sobre todo por la gran importancia que tienen las decisiones de la Suprema Corte de Justicia para que las reformas impulsadas por el Presidente y que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión no se vengan abajo, es que ha buscado los mecanismos para lograr acotar tanto a la Presidenta de la Corte Norma Lucía Piña, a la que no considera afín a sus intereses por que proviene de los gobiernos neoliberales, así como a los magistrados y jueces del Poder Judicial Federal.

Por ello en días pasados presentó ante el Senado de la República, una reforma que pretende quitar a la Ministra Presidenta el control del Consejo de la Judicatura federal, bajo el argumento, que de esa forma se le daría más autonomía a dicho Consejo y que, además no es conveniente que quién presida la Suprema Corte, también ejerza autoridad sobre el resto del sistema Judicial.

Lo que pretende en el fondo dicha reforma, es colocar a un Ministro al frente del Consejo de la Judicatura que esté al servicio de los intereses presidenciales y que sirva para fustigar a los juzgadores que emitan resoluciones contrarias a las reformas y actos del ejecutivo, bajo el argumento de que están al servicio de sus enemigos políticos y que por ende, merecen ser investigados y sancionados por el sentido de sus resoluciones.

En la práctica reformas como la que impulsa el Presidente, se han implementado en algunos Estados del país, como es el caso de Puebla, donde la reforma al poder judicial aprobada por la actual legislatura, establece que el Consejo de la Judicatura será un órgano del Poder Judicial del Estado revestido de independencia técnica, de gestión y de decisión. Tendrá a su cargo la rectoría de la carrera judicial, así como las funciones de administración, vigilancia, evaluación del desempeño y disciplina del Poder Judicial del Estado, sin perjuicio de las excepciones previstas en la Constitución Política del Estado. Señala además que el Consejo se integrará por cinco miembros de los cuales uno será nombrado por el Gobernador del Estado, dos por mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros del Congreso del estado y dos por mayoría absoluta de los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

A unos meses de implementada la reforma, para algunos académicos y litigantes ha acentuado la lucha de poder en el interior del Tribunal Superior de Justicia, entre la Magistrada Presidenta y el Presidente del Consejo de la Judicatura, debido a que las decisiones que se toman afecta a todos los integrantes del Poder Judicial, ya que la primera fue elegida por el Pleno de Magistrados y el Presidente del Consejo fue propuesto por el entonces Gobernador del Estado, lo que a final de cuentas significa que responde a los lineamientos del ejecutivo más que a los de los miembros del Poder Judicial.

Modelo que se pretende hacer valer ahora para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si los Senadores aprueban la iniciativa del Presidente.


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