El ICI anuncia el X Coloquio Internacional de Estudios Mexicanos con el tema la 4ta Transformación
Pocos gobiernos han concitado mayor expectación y controversia que el actual encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Los ciudadanos hemos escuchado de voz del presidente que nada será igual, que se combatirá la corrupción y la impunidad, la pobreza y la desigualdad, y se establecerán las bases de un nuevo régimen de leyes y prosperidad. A todo ello se le ha llamado “Cuarta Transformación”, pero pocos saben bien a bien a que se refiere. Para algunos, dicho proyecto se ha traducido en desempleo; para otros, en becas y apoyos efímeros que sólo sirven para paliar sus dificultades cotidianas; y para otros más, en un descenso significativo en sus niveles de vida por falta de apoyos. La verdad es que, a casi un año del gobierno de Andrés Manuel, nadie sabe bien a bien hacia donde nos lleva la 4T, si tiene viabilidad o si simplemente terminará rebasado por la historia, como un proyecto más de buena voluntad, pero atrapado en sus inconsistencias y ambigüedades.
En virtud de ello se impone una reflexión seria y madura sobre los límites y las posibilidades de la 4T, toda vez que sus primeros resultados lejos de concitar apoyos unánimes han dividido a la sociedad y despertado todo tipo de dudas y temores. Hoy sería irresponsable hacer cuentas alegres sobre las medidas impulsadas en nombre de dicho proyecto, pues en honor a la verdad muchas de ellas escapan a la comprensión y al sentido común, como los recortes en ciencia y tecnología, la exoneración de políticos señaladamente corruptos de sexenios pasados, la evasiva de emprender una reforma integral a la Constitución, entre otros muchos ejemplos.
En este contexto de dudas e incertidumbres, de promesas y extravíos, el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla ha decidido dedicar su X Coloquio Internacional de Estudios Mexicanos al tema: “Rehacer la nación: Límites y perspectivas de la Cuarta Transformación”, el cual contará con la participación de importantes personalidades tanto de la academia como del periodismo y la política. Así, por ejemplo, asistirán José Antonio Crespo, José Fernández Santillán, René Valdiviezo, Víctor Manuel Reynoso, Leonardo Valdés Zurita, Víctor Manuel Espinoza, Carlos Figueroa Ibarra, Juan José Rodríguez Prats, entre otros muchos. La cita es en el auditorio del ICI los días 24 y 25 de octubre de 2019.
Información de Reto Diario
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El incremento debió ser de un peso: ICI
El Director del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, Germán Molina Carrillo, señaló que el incremento al pasaje debió ser de 1 peso y no de de 2.50 para autobús y 2 pesos a minibús, como lo dio a conocer Guillermo Aréchiga Santamaría, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
En rueda de prensa, Molina Carrillo señaló que un incremento de 2.50 será un golpe al bolsillo de las familias poblanas, por lo que el gobernador debió realizar un consenso entre el salario y las veces que se utiliza el transporte público.
Agregó que 45 mil alumnos serán afectados económicamente con el incremento del pasaje que anunció el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
“Afectará a estudiantes, desde jóvenes que van a la universidad, hasta niños que van a la primaria (...) Este aumento sí fue muy fuerte a la economía familia,” señaló Molina Carrillo.
El catedrático consideró que el nuevo costo para el pasaje afectará la imagen de la administración de Miguel Barbosa Huerta, y que incluso podrá tener repercusiones electorales.
“Si no se cambian las acciones de gobierno con mayor congruencia con el discurso y la retórica que se ha manejado, se perderá la credibilidad del gobierno,” argumentó.
Puntualizó que espera que las mejoras a las unidades sean no sólo de limpieza y renovación de los asientos, sino que se obligue a los conductores a dar un buen servicio, además de que se incluyan sistemas de seguridad.
Molina Carrillo agregó que el próximo año luce complicado por la situación económica global que afectará al país, pero insistió en que el transporte público ahora sí debe tener calidad en el servicio y en los choferes.
“El incremento afecta a todos porque Puebla es la cuarta ciudad más cara, y esto dañará el monedero familiar. Las universidades de la asociación contamos con más de 45 mil estudiantes.”
La última modificación al aumento en la tarifa fue en diciembre de 2010, cuando los entonces gobernadores constitucional y electo Mario Marín Torres y Rafael Moreno Valle Rosas, pactaron incrementar a 6 pesos la tarifa general.
Información de El Popular
https://www.elpopular.mx/2019/10/06/local/aumento-al-pasaje-afectara-imagen-de-barbosa-director-icj
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Rechazan universidades de bajo costo aumento al pasaje
El aumento al costo del pasaje en las unidades del servicio de transporte público en Puebla afecta de manera directa a más de 45 mil estudiantes de universidades de bajo costo, quienes pagan colegiaturas y trabajan para obtener ingresos; y a los padres de familia. Así lo explicó el integrante de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior ( Auiemss), Germán Molina Carrillo, director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), quien calificó como una equivocación elevar el costo del transporte de seis a 8.5 pesos a partir del 12 de octubre.
Señaló que lo ideal hubiera sido que el transporte público aumentara un peso y se otorgaran descuentos a grupos vulnerables y estudiantes.
Reconoció que después de nueve años sin incremento, el gobierno de Puebla se vio obligado a incrementar el costo del boleto; sin embargo, subirlo en más de 40 por ciento a afecta a todos los estudiantes y padres de familia.
"El aumento afecta a todos los estudiantes de Puebla y a los padres de familia. Las universidades de la asociación contamos con más de 45 mil estudiantes. El incremento afecta a todos", explicó
Nota de Milenio Diario
https://www.milenio.com/politica/comunidad/rechazan-universidades-de-bajo-costo-aumento-al-pasaje
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DH Puebla, es octavo con menor recursos entre órganos autónomos a nivel nacional: Molina Carrillo
Germán Molina Carrillo, aspirante a la titularidad de la CDH en Puebla, aseguró que la totalidad de recursos económicos que recibió la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH), son limitados y ubican al estado como la octava con menor participación en el presupuesto de los órganos autónomos; asimismo, reveló que en 2018, Adolfo López Badillo, último titular, regresó más de 3 millones de pesos, con un techo presupuestal de 24 millones de pesos.
Ante eso, recordó que en el 2018, el presupuesto autorizado para la CDH, fue de 24 millones 969 mil 293 pesos, que tuvo una ampliación presupuestal de parte de la Secretaria de Finanzas y Administración por 3 millones 307 mil 724 pesos, lo que da un total de 28 millones 277 mil 018 pesos.
De esos recursos, el mismo informe de López Badillo para ese año, revela que solamente se ejercieron 23 millones 411 mil 446 pesos: "lo que demuestra que no se supieron invertir los pocos recursos financieros asignados para fortalecer la difusión, salvaguarda y respeto a los Derechos Humanos en Puebla".
El presupuesto, agregó Molina Carrillo, es complicado que crezca para el próximo año, y quién gane, tendrá que trabajar con lo mismo; además, ya podrá presentar iniciativa de ley al Congreso del Estado: "no es algo descabellado, por eso la voy a considerar, pero si en el actual gobierno se piensa cambiar, o dejar que las cosas sean igual", aseguró Molina Carrillo.
Señaló que datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), calcula que en el estado de Puebla hay 3 millones 317 mil 727 mujeres y 3 millones 053 mil 654 hombres, lo que suma un total de 6 millones 371 mil 381 personas en total.
Así que de acuerdo a los recursos gastados en 2018, con Adolfo López Badillo, resulta que el monto de los recursos asignados a cada poblano para la defensa y protección de sus Derechos Humanos equivale a 3 mil 700 pesos.
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Derechos Humanos se utilizó para proteger al ejecutivo más que al ciudadano: Molina Carrillo
Información de Intolerancia Diario
El aspirante a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla (CDH), Germán Molina Carrillo, advirtió que la Comisión de Derechos Humanos en Puebla utilizó más recursos para proteger a un gobernador que para cumplir con su verdadera función.
En entrevista, Molina Carrillo señaló que, si se divide el número de quejas interpuestas en 2018, que fueron calificadas así, por presuntas violaciones a derechos humanos, resulta que de las mil 446 que señala el informe de la comisión la atención que el personal del organismo dio a cada una de ellas, tuvo un costo aproximado de $16200 pesos
Precisó que, si se continúa con la revisión de las cifras contenidas en el informe, donde se señala que fueron emitidas en 2018, solo en 16 recomendaciones, casualmente ninguna en contra del gobernador del estado, resulta que si se divide el monto de los recursos ejercidos por el organismo en dicho año, entre las recomendaciones emitidas, cada una tuvo un costo de un millón cuatrocientos sesenta y tres mil pesos aproximadamente, cifra desorbitante.
“Esto nos hace pensar que la tarea de la comisión ha sido, más que proteger los derechos humanos de los ciudadanos, la de salvaguardar a toda costa la imagen de las autoridades, dando el mensaje de que, en Puebla, no existen violaciones a los derechos de los ciudadanos y de que se respeta el estado de derecho”, manifestó.
Dijo que lo anterior confirmaría la hipótesis de que, por la actitud protectora del organismo hacia la labor de las autoridades, las víctimas de violaciones a sus derechos humanos desistieron de su intención de pedir la intervención de la comisión, ya que durante los ocho años de gestión de Adolfo López Badillo, su labor fue la de hacer caso omiso a los casos que debió atender, evitando que trascendieran a la esfera pública y que ello perjudicara al gobierno en turno.
Sostuvo que el informe 2018 deja abiertas muchas interrogantes y dudas sobre el funcionamiento y resultados del trabajo de la CDHE, que debería revisar el Consejo Consultivo del organismo y la Comisión de Derechos Humanos de la LX legislatura para calificarlo, debido a la alta demanda social de los ciudadanos de que Puebla cuente con un organismo que realmente les garantice en su actuar la salvaguarda y protección.
Molina Carrillo indicó que se pide que el organismo esté a la altura de los momentos tan críticos que se viven por el aumento de la violencia e inseguridad, así como de la presencia de los grupos de la delincuencia organizada que han tomado fuerza en el estado, incrementando el número de víctimas, que demandan se les repare la violación a sus derechos humanos.
Dijo que para 2018, el presupuesto autorizado para su ejercicio fue de $24,969,293.97, teniendo una ampliación presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración de $3,307,724.91, dando un total de $28,277,018.88, de los cuales según el informe rendido por el expresidente de la Comisión Adolfo López Badillo, solo se gastó $ 23,411,446.31; lo que evidencia que no pudo encontrar la fórmula o los mecanismos para invertir los recursos financieros asignados por el Estado para fortalecer la salvaguarda y respeto a los derechos humanos en Puebla, ya que $4,865,572.57 se quedaron sin ser utilizados.
Posibilidad de presentar iniciativas
Por otra parte, se pronunció a favor de facultar al ombudsman para presentar iniciativas al Congreso del Estado que permitan corregir las lagunas de las leyes en la materia.
Señaló que está a la espera de ser convocado para participar en la etapa de entrevistas en el Congreso del Estado como parte del proceso para elegir al próximo titular de la CDH de Puebla y confió habrá piso parejo para los 25 aspirantes a este cargo que concluirá en noviembre de 2024.
En el plan de trabajo que presentará a los legisladores de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso está la posibilidad que el ombudsman presente un similar a "la iniciativa preferente" que tiene derecho el presidente de la República para que se pueda ajustar la legislación, destacó.
"Creo que el derecho o prerrogativa que se le daría es muy importante porque le daría a la comisión la posibilidad de marcar deficiencias y corregir situaciones que se estén cometiendo en la aplicación de las leyes a nivel estado y municipios y en el sentir social sería un canal para que las organizaciones civiles tengan un canal o portavoz ante el Congreso".
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